Los detalles del denominado "Plan B" del proyecto de reforma electoral enviado por el Gobierno mexicano al Senado fueron presentados este martes por la titular de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, una semana después de que el plan original fuera rechazado en la Cámara de Diputados.
En los congresos locales de los 32 estados de la federación mexicana, "el tope presupuestal será del 0,7 por ciento del presupuesto de egresos de la propia entidad", indica el proyecto leído por la encargada de la política interior en conferencia de prensa.
Hoy en la #mañanera la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el Plan B de la reforma electoral busca reducir privilegios de los partidos y fortalecer la participación ciudadana bajo el principio: “el pueblo pone y el pueblo quita”. pic.twitter.com/uYocNqy8zB
— Amir Ibrahim ???????? (@AmirIbrahimQRoo) March 17, 2026
Los ahorros producto de este recorte al presupuesto serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y entidades federativas, detalla la propuesta.
Por otra parte, el Ejecutivo federal plantea que los consejeros, magistrados y altos funcionarios encargados de organizar los comicios no podrán ganar más que la presidenta mexicana.
Esa propuesta reemplaza la anterior iniciativa, que pretendía reducir en 25 por ciento el gasto público destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales comiciales y partidos políticos.
Asimismo, el nuevo proyecto propone eliminar los bonos, seguro de gastos médicos mayores e ingresos adicionales de funcionarios electorales.
El documento enviado al Congreso también contempla una reducción del gasto progresivo del Senado, hasta llegar al 15 por ciento.
Además, las elecciones para revocación de mandato presidencial podrían realizarse en el mes de junio del tercer o cuarto año del sexenio (2027 y 2028), mientras que actualmente está fijado en el cuarto año.
El Plan B de la Reforma Electoral avanza.
— Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 17, 2026
La reforma plantea revocación de mandato más accesible, límites salariales para funcionarios del INE y tribunales que no podrán ganar más que la Presidenta, y eliminación de bonos y privilegios.
También propone reducir regidurías en… pic.twitter.com/3VlxbK6Ulh
Este punto es rechazado por la oposición, que considera como una ventaja del partido gobernante que un referendo sobre un mandato presidencial se realice el mismo día de las elecciones legislativas de medio mandato del Ejecutivo y Gobiernos locales.
En cuanto a los comicios para selección de jueces y magistrados de las cortes del Poder Judicial por voto popular, establecido por una reforma de 2024, se mantiene el año 2027, en conjunto con las elecciones del Poder Legislativo, y de algunos gobernadores de los estados del país.
La iniciativa establece una reducción de regidurías de los municipios, que ahora son de 20 o 25, a un rango de siete o 15 regidores como máximo, mientras que cada localidad sólo podrá tener una sindicatura.
El pasado 12 de marzo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, adelantó que el objetivo del plan alternativo es "disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales; disminuir los privilegios que persisten en municipios; y fortalecer la consulta popular".
En el tercer punto, el objetivo es someter a las urnas temas electorales, que ahora no pueden ser objeto de referéndum.
Al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, de dos terceras partes del pleno, el proyecto de Sheinbaum fue rechazado por los diputados el 10 de febrero, con los votos en contra de aliados de la coalición oficialista: los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.
A diferencia del plan original, el Plan B es apoyado por los dos partidos aliados del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, en un acuerdo firmado el fin de semana pasado.
