Este 30 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el reconocimiento legal de sus derechos laborales en México continúa siendo más un avance en el papel que una realidad cotidiana.
A pesar de las reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social (LSS), que establecieron la obligatoriedad de su afiliación al IMSS, el cumplimiento sigue siendo mínimo e incluso muestra retrocesos en 2025.
La transformación legal se originó en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exclusión de este sector del régimen obligatorio del IMSS. A partir de ello, en 2019 se modificaron la LFT y la LSS para reconocer derechos como contrato por escrito, salario mínimo, jornadas reguladas, descanso semanal, vacaciones, aguinaldo y acceso a seguridad social.
Aunque inicialmente se implementó un programa piloto voluntario, la afiliación se volvió obligatoria entre 2022 y 2023; el IMSS simplificó el proceso de registro en línea y estableció un esquema de cuotas acorde al salario; sin embargo, la falta de inspección en hogares y la persistente informalidad han limitado su alcance.
Las cifras evidencian el rezago: al 30 de noviembre de 2025, el IMSS reportó 59,614 personas trabajadoras del hogar afiliadas, con un total de 97,707 beneficiarios potenciales. No obstante, esta cifra representa apenas 2.8 % del universo total estimado por el INEGI, que asciende a más de 2.1 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado en el país.
El comportamiento durante 2025 incluso refleja un retroceso, de un máximo de 64,956 afiliaciones en enero, la cifra cayó a 56,170 en septiembre, con una leve recuperación hacia noviembre, lo que, en términos generales, el saldo anual es negativo.
Del total de personas afiliadas, 66 % son mujeres y 34 % hombres, mientras que casi la mitad tiene entre 50 y 69 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de un sector envejecido y con escasas garantías de retiro digno.
A nivel estatal, la afiliación se concentra en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que en conjunto reúnen 41 % del total nacional; sin embargo, incluso en estas zonas la cobertura es baja. En el resto del país, la incorporación al IMSS es marginal, particularmente en regiones con alta informalidad laboral.
Especialistas coinciden en que la implementación de la reforma enfrenta tres obstáculos principales: la falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades, el desconocimiento o resistencia de los empleadores y condiciones económicas que favorecen la informalidad.
Si bien más de 33,000 trabajadoras han logrado acceder a una pensión gracias a este esquema y actualmente los afiliados cuentan con prestaciones completas, la mayoría del sector permanece excluida.
Organizaciones de trabajadoras del hogar y el propio IMSS han llamado a reforzar las campañas de información, simplificar aún más los trámites y aplicar sanciones a quienes incumplan la ley.
Así, a seis años de una reforma considerada histórica y en el contexto de una fecha conmemorativa internacional, el desafío sigue siendo claro: convertir los derechos conquistados en una realidad efectiva para millones de trabajadoras que aún laboran sin seguridad social ni garantías básicas.
