La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el gobierno federal como parte del Paquete Económico 2027, busca acelerar la migración del efectivo hacia medios de pago digitales en México.
El proyecto plantea aprovechar herramientas como SPEI y CoDi para que ciudadanos y comercios lleven a cabo operaciones de manera instantánea, gratuita e interoperable.
La propuesta parte de un dato relevante: actualmente, alrededor de 85 % de las operaciones menores a 500 pesos se hacen en efectivo, por lo que el gobierno federal pretende que, durante el primer año de implementación, hacia 2027, al menos la mitad de esos pagos migren a canales digitales.
Para ello se plantea facilitar las operaciones mediante códigos QR, ampliar las cuentas simplificadas y digitalizar obligatoriamente los pagos de trámites y servicios gubernamentales.
Entre los principales argumentos a favor está la reducción de costos y riesgos asociados al manejo de efectivo, ya que las transferencias mediante SPEI y los esquemas de CoDi pueden efectuarse las 24 horas, sin comisiones para usuarios y comercios, mientras que una menor circulación de dinero físico podría disminuir los riesgos de robo en establecimientos y en la vía pública.
Otro beneficio potencial es la formalización económica; al dejar registro de las operaciones, los pequeños comercios y trabajadores independientes podrían generar información que eventualmente facilite su acceso a servicios financieros y créditos; al mismo tiempo, la trazabilidad de los recursos puede contribuir al combate contra el lavado de dinero, aunque también implica una mayor visibilidad de las operaciones financieras ante las autoridades.
Sin embargo, la propuesta genera dudas entre ciudadanos que temen que una economía predominantemente digital incremente los riesgos de fraude, robo de identidad y ataques cibernéticos.
El uso masivo de aplicaciones, códigos QR, teléfonos celulares y mecanismos de identificación digital también amplía los puntos en los que delincuentes pueden intentar engañar a los usuarios o acceder a sus recursos.
La privacidad representa otro de los principales cuestionamientos, una economía con menos efectivo significa que una mayor cantidad de transacciones queda registrada electrónicamente, y aunque esto puede ayudar a combatir actividades ilícitas y mejorar la fiscalización, también alimenta el temor de algunos ciudadanos a una vigilancia financiera más intensa, especialmente ante el intercambio de información entre instituciones financieras y autoridades.
También está la preocupación por el bloqueo o congelamiento de cuentas, las instituciones financieras cuentan con mecanismos para restringir operaciones cuando detectan movimientos considerados inusuales o relacionados con investigaciones; para los usuarios, el riesgo no necesariamente está en la existencia de estos controles, sino en qué tan rápidos y accesibles serán los mecanismos para aclarar un bloqueo cuando se trate de un error o una operación legítima.
La exclusión financiera es otro desafío: adultos mayores, habitantes de comunidades rurales, personas sin acceso permanente a internet o electricidad y ciudadanos que no cuentan con una cuenta bancaria podrían enfrentar dificultades si determinados servicios comienzan a aceptar únicamente pagos digitales; por ello, la transición hacia una economía con menos efectivo tendría que considerar alternativas para quienes todavía dependen del dinero físico.
El sector gasolinero también ha planteado preocupaciones relacionadas con la conectividad y las contingencias, pues una falla de internet, electricidad o de los sistemas bancarios podría impedir temporalmente una operación si el efectivo deja de ser aceptado; de ahí la importancia de establecer protocolos claros que permitan mantener el servicio ante fallas tecnológicas.
La experiencia internacional muestra que los sistemas de pagos digitales pueden transformar la manera en que las personas llevan a cabo sus operaciones; Brasil, con Pix, es uno de los ejemplos más citados por su rápida adopción; sin embargo, trasladar ese modelo a México requiere considerar diferencias en bancarización, infraestructura, conectividad, confianza institucional y hábitos de consumo.
La iniciativa, además, todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso, por lo que su contenido puede modificarse, pero el verdadero desafío será determinar hasta dónde puede avanzar la digitalización sin generar nuevas formas de exclusión, garantizar mecanismos eficaces contra fraudes y bloqueos injustificados y establecer límites claros para el uso de la información financiera.
